A partir del 5 de septiembre entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza la normativa vigente desde 1980. La reforma introduce la baja de imputabilidad y modifica la forma en que la Justicia trata a adolescentes, con un esquema de penas, medidas y controles aplicable en todo el país.
Con la baja de imputabilidad, las personas mayores de 14 años pueden ser imputadas por delitos previstos en el Código Penal, aunque seguirán sujetos a un sistema especial. La norma prioriza la educación y la resocialización; no todos los hechos resultarán en privación de libertad, porque se prevén sanciones alternativas según la gravedad y el daño causado.
Límites a las penas y libertad condicional
La ley prohíbe expresamente las penas de reclusión o prisión perpetua para adolescentes y fija un tope de 15 años de pena privativa de libertad. Además contempla la posibilidad de libertad condicional, que podrá concederse una vez cumplidos los dos tercios de la condena y comprobadas las condiciones exigidas por el tribunal.
Medidas alternativas y monitoreo
Entre las alternativas figuran las restricciones de acercamiento, la reparación del daño, reglas de conducta y la participación obligatoria en programas educativos y comunitarios. La normativa incorpora la amonestación formal y prevé el uso de monitoreo electrónico como herramienta para verificar cumplimiento de medidas sin necesidad de encierro. También se contempla la supervisión y seguimiento por equipos especializados.
Los adolescentes privados de libertad serán alojados en institutos adaptados con personal especializado y no podrán compartir encierro con mayores. El alojamiento podrá ser en institutos abiertos, unidades especializadas o, en ciertos casos, bajo arresto domiciliario. La ley mantiene la prohibición de divulgar datos que identifiquen a la persona menor involucrada.
La reforma amplía la participación de las víctimas en el proceso y establece la responsabilidad civil de los padres por daños ocasionados por sus hijos. Fuentes judiciales advierten sobre la capacidad operativa: falta de jueces, supervisores y pulseras electrónicas. Para implementar el régimen el Congreso aprobó una partida de $23.739.155.303,08.
Algunas provincias ya avanzaron en protocolos y mesas técnicas, pero siguen las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para unificar criterios. La puesta en marcha exigirá inversión y coordinación local. La baja de imputabilidad busca equilibrar la respuesta penal con medidas de reparación y reinserción social de adolescentes.
