La decisión se produce después de que la Corte revocara, la semana pasada, un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Ahora, una nueva presentación judicial podría abrir la puerta a que las restricciones vuelvan a aplicarse, al menos de manera provisoria.
A través de una resolución emitida este jueves, el máximo tribunal dispuso una serie de medidas para avanzar con mayor rapidez en el expediente vinculado con la venta de campos a extranjeros. “En atención a las particulares circunstancias de la causa, corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”, señalaron los jueces.
Habitualmente, las partes cuentan con 72 horas para cuestionar la integración del tribunal. Sin embargo, en esta oportunidad, la Corte decidió reducir ese período y habilitar días y horas inhábiles para agilizar el procedimiento.
Para intervenir en el caso fueron designados Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos magistrados aceptaron sus designaciones.
Como conjueces suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La integración del tribunal permitirá avanzar en el análisis de una presentación que podría tener consecuencias sobre el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina.
Qué podría pasar con la venta de tierras a extranjeros
El expediente que deberá analizar la Corte está relacionado con una medida cautelar que busca volver a poner en vigencia las restricciones establecidas por la Ley 26.737, derogadas por el DNU 70/2023. La presentación fue impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre ellos las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon.
El planteo está vinculado con una causa colectiva iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que también cuestionó la eliminación de los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Los demandantes solicitaron una aclaratoria porque su amparo colectivo fue considerado conexo al expediente del CECIM.
En concreto, buscan que la Justicia precise si el fallo dictado por la Corte tiene algún efecto sobre su propia presentación. En este escenario, el máximo tribunal deberá definir si corresponde intervenir directamente en el pedido cautelar o remitir el expediente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche.
La posibilidad de que la Corte resuelva la medida de manera directa constituye una vía excepcional, vinculada con la urgencia del planteo. Si la cautelar prospera, podrían restablecerse provisionalmente las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, mientras continúa la discusión judicial de fondo.
