
La Cámara alta también sancionó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), con 47 votos afirmativos y 22 negativos, y aprobó por unanimidad la Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para las estructuras deportivas.
Al cierre de esta edición, el Senado debatía la reforma del transporte marítimo y fluvial, conocida como ley de cabotaje. Luego quedaban pendientes el tratamiento de la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, los protocolos contra la violencia hacia niños y adolescentes y los acuerdos internacionales incluidos en el temario.
Inviolabilidad de la propiedad privada
La propuesta reincorpora los límites previstos en la legislación de 2011 para la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre sus principales disposiciones, fija un máximo del 15% de la superficie rural del país en manos de extranjeros, establece un tope del 30% para las personas de una misma nacionalidad y mantiene un límite de mil hectáreas en las zonas consideradas núcleo.
El texto también contempla modificaciones sobre el régimen de expropiaciones y determina criterios para establecer qué bienes pueden quedar alcanzados por una declaración de utilidad pública.
Los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros
Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación de la propiedad rural en manos extranjeras. Para eso, recupera las restricciones que establecía la normativa sancionada en 2011, con límites tanto sobre la proporción total de tierras como sobre la participación de ciudadanos de un mismo país.
En concreto, la iniciativa establece que los extranjeros no podrán superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales. A su vez, fija que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese porcentaje.
También dispone un límite de mil hectáreas para la adquisición de tierras en zonas consideradas núcleo, una de las áreas de mayor productividad agropecuaria.
Por otra parte, el proyecto incorpora cambios vinculados con las expropiaciones y precisa los criterios que deben aplicarse para determinar qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.






















