La denuncia detalla 12 hechos ocurridos desde octubre de 2023, especialmente en febrero de este año, relacionados con la destrucción de elementos de prueba, rompiendo la cadena de custodia. Además, se señala la omisión de remitir información de diferentes causas, lo que ha generado demoras injustificadas y ha puesto en riesgo los procesos judiciales de varios expedientes. También se denuncia la desobediencia de órdenes emitidas por funcionarios superiores, incluyendo la magistrada y la Cámara.

Se destaca que el secretario y el ordenanza se han atribuido facultades de jueces/as, instruyendo procesos penales sin consultar a la magistrada a cargo del Juzgado. Esto ha llevado a graves faltas, como la falta de preservación de datos de denunciantes, víctimas y personas menores de edad.

Además de los hechos mencionados, la jueza Pozzer Penzo ha sido objeto de persecuciones, hostigamientos y discriminaciones basadas en motivos de género. Estos actos tienen como objetivo "disciplinarla" en su rol como magistrada. Actualmente, se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a que ha tenido que denunciar a personas con las que ha trabajado durante años en el Juzgado, personas en las que había depositado su confianza profesional.

El comunicado subraya que la denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía General para que los hechos sean investigados de manera imparcial y objetiva, evitando la intervención de funcionarios que puedan estar "contaminados/as" por su participación en el mismo sistema judicial que se pretende investigar.