El despliegue de seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad y la Casa Militar, incluirá tareas preventivas en el perímetro de la sede de la AMIA, controles exhaustivos en los alrededores y se destinarán más unidades federales que en otros actos públicos. Además, se evalúa la posibilidad de que agentes encubiertos se infiltren entre los asistentes.

El alerta en torno a la seguridad presidencial se encendió luego de que recibiera amenazas indirectas vinculadas al gobierno de Irán, al que el Milei calificó públicamente como un “enemigo”, reafirmando su alineamiento con Israel.

Este jueves, el gobierno iraní volvió a pronunciarse contra la Argentina, a través de su embajada en el Reino Unido, con un comunicado en el que acusan al gobierno argentino de respaldar “los actos de agresión del régimen sionista contra Irán” y de condenar “los ataques defensivos iraníes”.

A esto se le suma que la Justicia argentina avanza en un juicio en ausencia contra diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de planificar el atentado a la AMIA en 1994, algo que fue rechazado por las autoridades de Irán, que la consideraron una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.

Esta decisión judicial fue celebrada por el mandatario nacional a través de sus redes sociales, donde replicó mensajes de funcionarios como el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, quien expresó: “Las basuras que planificaron el atentado en Argentina desde la comodidad de sus oficinas en Irán y asesinaron a 85 argentinos van a poder ser condenados en ausencia”.