La investigación judicial por el fentanilo clínico contaminado, que ya dejó casi un centenar de muertes en el país, tuvo un giro determinante con el pedido de detención e indagatoria a directivos y responsables técnicos de los laboratorios señalados por producir y distribuir los lotes adulterados.
La causa por el fentanilo contaminado dio un paso clave este miércoles cuando la Fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y otras dependencias del Ministerio Público Fiscal, solicitaron la detención e indagatoria de directivos y responsables técnicos de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, sospechados de ser los principales responsables de la fabricación y distribución de los lotes adulterados.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del expediente, aceptó el pedido y dispuso avanzar con medidas judiciales sobre las personas que intervinieron en la producción de los lotes identificados con los números 31.202 y 31.244, los cuales habrían sido los responsables directos de generar las infecciones que derivaron en un brote sin precedentes.
Los informes médicos y técnicos confirman que los lotes contenían presencia de bacterias como Klebsiella y Ralstonia, lo que generó cuadros de sepsis graves en decenas de pacientes, además de la hipótesis de un posible desvío de parte del producto hacia el mercado ilegal.
La fiscal Roteta calificó la investigación como un caso de “criminalidad compleja”, ya que no solo involucra a víctimas directas y a un entramado empresarial de gran magnitud, sino también porque demanda la intervención de diversas áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal, entre ellas la PIA, la DATIP y el SIFRAI, que aportan conocimientos técnicos, sanitarios y legales.
Desde los primeros meses de la investigación, el juez Kreplak ya había dispuesto allanamientos en las sedes de los laboratorios, así como en una droguería de Rosario vinculada a la cadena de distribución. También ordenó la inhibición de bienes de los empresarios imputados y dictó la prohibición de salida del país para más de treinta personas físicas y jurídicas, con el objetivo de asegurar que los sospechados permanezcan a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias y los testimonios.
