La Justicia avanzará la semana próxima con pericias clave y el análisis de la documentación secuestrada, mientras intenta abrir los celulares de los principales involucrados que no abrían entregado sus claves. Esto obligará a los peritos a recurrir a métodos especiales para intentar desbloquear los dispositivos, especialmente los iPhone, que presentan mayores dificultades técnicas. En estos casos, los expertos prueban con un extenso listado de posibles secuencias hasta lograr el acceso.
La investigación, que se originó a partir de la filtración de audios comprometedores en los que se mencionaban supuestos pagos de coimas y retornos a laboratorios por la compra de medicamentos, no solo golpea al sistema de salud pública, sino que ya roza a la propia secretaria de Presidencia, Karina Milei, mencionada en esas conversaciones. La trama, cada vez más compleja, expone la relación entre altos funcionarios y el negocio millonario de las droguerías que proveen al Estado.
El avance judicial incluyó además un operativo en la casa de Spagnuolo en Pilar. Allí, los agentes encontraron dos teléfonos móviles, dinero en efectivo en un monto que no trascendió y hasta una máquina de contar billetes, un detalle que refuerza las sospechas de maniobras financieras irregulares. En paralelo, en los vehículos de los directivos de Suizo Argentina se hallaron órdenes de pago multimillonarias y, en el caso de Emmanuel Kovalivker, u$s266.000 escondidos en su automóvil.
Con estas medidas, Casanello busca asegurar pruebas clave y evitar cualquier intento de fuga de los principales imputados en un expediente que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la actual gestión. La Justicia intenta ahora reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existió un esquema sistemático de sobornos para sostener contratos millonarios de provisión de medicamentos al Estado.
El expediente, que ya generó una fuerte conmoción política, se proyecta como un test para la transparencia de la administración nacional, en un terreno tan sensible como el de la atención a personas con discapacidad. Todo indica que la causa recién comienza y que las derivaciones podrían alcanzar a más funcionarios de alto rango.
