El juez Sebastián Casanello dictó la medida contra Diego Spagnuolo y otras 18 personas. Se los acusa de cobrar sobornos, digitar licitaciones y enriquecerse.
La Justicia federal dio un fuerte golpe a lo que fue la primera gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo el gobierno de Javier Milei. El juez Sebastián Casanello procesó este viernes al ex titular del organismo, Diego Spagnoulo, acusándolo de ser uno de los jefes de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado.
La resolución judicial alcanza a un total de 19 personas, incluyendo a exfuncionarios, empleados y empresarios vinculados al sector de droguerías. A Spagnuolo se le imputan los delitos de cohecho activo (sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según el fallo, la investigación corroboró que durante los primeros meses del actual gobierno se montó un "núcleo de funcionamiento irregular" dentro de la ANDIS. El magistrado destacó que la agencia fue "cooptada" y utilizada como una vía de enriquecimiento personal mediante licitaciones digitadas, actuando en detrimento del cuidado de las personas con discapacidad.
Los "jefes" de la banda
Además de Spagnuolo, Casanello señaló como cabecillas de la organización a Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como número dos de la Agencia, y a los particulares Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Según la investigación, estos últimos lograban controlar la operatividad de la ANDIS desde el sector privado, imponiendo una lógica de intermediación y sobreprecios en las compras.
El juez subrayó el "desenfado" con el que operaba la banda ante las quejas de otros funcionarios y empresarios que quedaban desplazados de los negocios.
El origen de la causa y la validez de las pruebas contra Diego Spagnuolo
El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, impulsada por reportes periodísticos y la filtración de audios. Las defensas habían solicitado la nulidad de la causa alegando que dichas grabaciones eran de origen ilícito.
Sin embargo, Casanello rechazó el planteo y aclaró que el procesamiento no se basa en los audios filtrados, sino en otras pruebas recolectadas por el fiscal Franco Picardi que demuestran las maniobras de corrupción.
Finalmente, el fallo deja la puerta abierta a nuevas imputaciones. El juez advirtió que la investigación "no se agota" en los hechos probados hasta hoy y ordenó profundizar la pesquisa, sugiriendo que, por el volumen de dinero involucrado, la red de complicidades podría extenderse hacia otras áreas del Estado.
