Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que las sucesivas prórrogas de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales que afectaron derechos constitucionales, como el de propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. "Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños", advierte el polémico decreto.

De acuerdo con la gestión libertaria en el pasado se facilitaron "abusos" incluyendo la "inscripción irregular de comunidades indígenas". Según el Gobierno en la actualidad hay 1.626 comunidades reconocidas, muchas de las cuales "no cumplen con los requisitos mínimos" para ser consideradas como tales.

El decreto libertario no solo pone fin a la emergencia territorial, sino que también revoca la suspensión de desalojos prevista en la Ley 26.160. Esto implica que los afectados por ocupaciones podrán “retomar acciones legales” para recuperar sus tierras. En el mismo sentido, se busca garantizar el pleno ejercicio de dominio, uso y disposición de los bienes inmuebles involucrados.

En esa línea el polémico decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones y proyectos de infraestructura además de limitar el uso productivo de las tierras. “Es imprescindible recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, subrayaron desde el Ejecutivo.

En la actualidad hay al menos 254 disputas territoriales identificadas en todo el país, el desafío podría radicar en conseguir un equilibrio entre los derechos de los propietarios y el respeto a las comunidades indígenas que cumplan con los requisitos legales.