El escándalo por la promoción que hizo el viernes el presidente Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA, que movió millones de dólares para en cuestión de minutos derrumbarse ya llegó a la Justicia.
La denuncia penal fue presentada por Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad; Marcos Zelaya -otro letrado especialista en nuevas tecnologías-; María Eva Koutsovitis, una ingeniera que fundó El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; y el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular.
El texto plantea que el Presidente participó de "la megaestafa más grande de la historia en este rubro", que se llevó a cabo "a través de una operación conocida como rugpull, que ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero".
"Cuando los estafadores vacían los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal", remarcaron los cuatro denunciantes al describir la operatoria, que se produjo luego de la promoción que le hizo Milei a $LIBRA en sus redes sociales.
Los denunciantes solicitaron a las autoridades judiciales que adopten "medidas cautelares de protección de prueba", entre las que enumeraron un "allanamiento de la quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (computadora, teléfonos, tablets, laptops)"; y que se "identifique y allane el domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas".
También pidieron que se disponga una "intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados"; un "bloqueo a las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados"; y medidas de "trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa".
Además de la figura de "asociación Ilícita", los denunciantes también reclamaron a la Justicia investigar al Presidente por "estafa y otras defraudaciones"; "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y por "violar la Ley de Ética Pública".
Entre los denunciados también se encuentran Julian Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como Gordo Dan; el influencer libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Davis, presidente de Kelsier Ventures.