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La norma pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plantea reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.


La delegación legislativa será en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
La denuncia de incompatibilidades fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuan. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández.






















