El Portal San Nicolás, uno de los accesos estratégicos al área protegida desde la localidad de San Miguel, está viviendo una situación preocupante, producto de varios factores que comprometen la protección de su fauna silvestre y el acceso público al Parque Nacional. Se trata de un sitio de uso público especialmente orientado al avistaje de fauna silvestre, una actividad en crecimiento que representa uno de los pilares del desarrollo local.
En este sector habitan especies de alto valor de conservación, muchas de ellas amenazadas o reintroducidas en el marco de programas de restauración ecológica, como el yaguareté, el venado de las pampas, el oso hormiguero gigante y el pecarí de collar.
A la restricción del acceso se suma la falta de personal de control en la zona. Anteriormente, un guardaparque estaba radicado en el portal, garantizando una presencia permanente dentro del área protegida y su traslado al casco urbano dejó al sector sin autoridades estables.
En este contexto, durante los primeros días de diciembre de 2025 se registró la presencia reiterada de cazadores furtivos dentro del Portal San Nicolás. Videos grabados en el área muestran tres personas a caballo, portando armas de fuego y armas blancas, acompañadas por perros de caza y transportando animales nativos muertos, como carpinchos y mulitas, producto de la caza ilegal.
La presencia de cazadores armados y jaurías de perros representa una amenaza directa para la fauna silvestre. En el área del portal se ha registrado la presencia de al menos siete yaguaretés, dentro de una población provincial que supera los 45 individuos monitoreados.
El secretario de Turismo de la Municipalidad de San Miguel, Mariano Escobar, calificó la situación como “grave” y señaló la ausencia total de inspectores de Fauna y Flora en la zona. “Sólo contamos con un comisario y poco personal policial, lo que resulta insuficiente”, afirmó, y confirmó la existencia de cazadores furtivos atentando contra la fauna.
Escobar explicó que la Municipalidad, el Gobierno provincial y la Administración de Parques Nacionales intentan coordinar acciones de prevención y control, pero advirtió que los recursos actuales no alcanzan. En ese sentido, reclamó mayor presencia de inspectores y guardaparques, y propuso la creación de una Fiscalía local para agilizar la intervención judicial, dada la extensión del área.
El funcionario sostuvo además que la caza furtiva volvió a intensificarse en el contexto de la crisis económica y remarcó que esta situación perjudica directamente al turismo y a la comunidad local. “Cada vez más visitantes vienen a Iberá para disfrutar de la fauna silvestre. Esto afecta a numerosas familias que dependen del turismo de naturaleza”, señaló, destacando a su vez el compromiso comunitario y el trabajo de capacitación y concientización realizado en los últimos años.
Por su parte, la intendenta del Parque Nacional Iberá, Gimena Martínez, señaló que la caza furtiva “no es un fenómeno nuevo” y que en Corrientes responde a prácticas arraigadas. Explicó que, ante la detección de estos hechos, Parques Nacionales realiza las denuncias correspondientes ante la Justicia, un proceso que puede demorar. “Se realizan patrullajes y recorridas permanentes dentro del parque y se trabaja de manera constante contra la caza ilegal”, aseguró.
La situación en el Portal San Nicolás evidencia una combinación de factores que amenaza tanto a la fauna protegida como al desarrollo local basado en la conservación y el turismo de naturaleza. La caza furtiva, sumada a las restricciones de acceso y a la disminución de la presencia institucional, debilita un modelo que ha demostrado ser clave para la protección del ambiente.
Por su valor estratégico para la conectividad ecológica y el uso del territorio por especies amenazadas, este sector del Parque Nacional Iberá requiere una respuesta urgente y coordinada que garantice su preservación y su uso público responsable.
