El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) presentó ante el Juzgado Civil y Comercial N°4 del Poder Judicial provincial, una Acción de Amparo contra el Ejecutivo Provincial.

Ante “su conducta omisiva, consistente en no haber dispuesto la suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Corrientes, no obstante de estar seriamente comprometida la salud de la totalidad de los/las docentes de todos los niveles, estudiantes y tutores como consecuencia del agravamiento de los contagios y de los casos fatales provocados por la pandemia del COVID-19”

Una comunidad educativa “compuesta por más de 550.000 personas, el 48,6% de la población de la Provincia de Corrientes"; que es obligada a movilizarse lo que aumento el riesgo de contagios masivos en ciudades con circulación comunitaria de cepas más agresivas y letales.
Como prueba el sindicato repasa los datos epidemiológicos oficiales, emitidos por el Ministerio de Salud de Corrientes; que ordenó retroceso a Fase 2 y 3 de la Aspo, restringió actividades y estableció confinamiento social para las ciudades en las que habita el 75% de la población de la Provincia de Corrientes.
Pero, contradictoriamente, el Ejecutivo Provincial impuso el retorno a clases presenciales en los más de 1.500 establecimientos educativos durante el mes de junio, exponiendo la salud y la vida de docentes, estudiantes y tutores ante el contexto de crisis epidemiológica por Covid-19 que atraviesa la provincia.
Con el agravante de que “más del 70% de la población de Corrientes todavía no fue inmunizada y de los 32.000 docentes, según el reporte de junio 2021 del Consejo Federal de Educación, solo 9.600 docentes en Corrientes recibieron hasta ahora una dosis de vacuna contra el Covid-19; por lo que el 70% de la docencia de Corrientes sigue esperando ser inmunizada, a pesar de haber sido declarado personal esencial e integrar la lista de agentes prioritarios a inmunizar.
En su solicitud de Acción de Amparo, el SUTECO también remarca que las escuelas públicas de Corrientes no son sanitariamente seguras para el dictado de clases presenciales, debido al déficit de infraestructura, la falta de inversión en elementos de bioseguridad y acondicionamiento edilicios para que las escuelas cumplan con los protocolos preventivos.
“La dificultad en preservar las condiciones de higiene y salubridad de los locales escolares como consecuencia de la falta de elementos y de la escasa dotación de personal de servicio, sumado al riesgo del contagio que conlleva el trasporte público y la trasmisión del virus proveniente de muchos hogares cuya convivencia en condiciones de lamentable hacinamiento contribuye a acentuar la trasmisión viral. Son factores que hacen fundamental suspender las clases presenciales. A todo ello se suma la falta de control y/o de fiscalización por parte del órgano público competente de la observancia del protocolo sanitario (Resolución Nº 0136/21 del Ministerio de Educación) en muchos casos incumplido por las razones “ut-supra” expuestas”, describe la presentación ante el Poder Judicial.
SUTECO considera además que el derecho a la Educación no se ve lesionado con la suspensión de clases presenciales ante un contexto pandémico, ya que existen otras alternativas válidas para sostener el proceso de enseñanza: “las clases presenciales pueden ser sustituidas temporalmente a través de la virtualidad que nos permite la tecnología. Que, por otra parte y a mayor abundamiento de argumentos me remito al reciente Fallo de la Corte Suprema de Justicia, la que en autos: “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ ESTADO NACIONAL S/ ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”. Expte.Nº567/21, dijo: “Hay un derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define las oportunidades de desarrollo de la persona humana”, pero “hay también un derecho a la salud y a la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida humana”.
Por estas razones y ante el grave e irreparable daño que está provocando la pandemia del COVID-19 en la comunidad educativa de Corrientes, “solicito provea Medida Cautelar Innovativa, consistente en la suspensión de las clases presenciales. Provea se releve al personal docente de todos los niveles de la educación pública provincial de su obligación de concurrir físicamente a los establecimientos educativos, por todo el tiempo que dure el trámite del proceso y hasta que se dicte Sentencia definitiva en el presente Amparo”, solicitó el sindicato SUTECO.