Si bien la nueva jubilación mínima con el bono equivale a $50.352, el valor que puede hacer que el jubilado no pierda su poder adquisitivo debería ser más alto: exactamente de 67.688 pesos.
El nuevo giro económico dentro del Gobierno nacional trajo consigo nuevas medidas de política económica como el anuncio de un aumento del 15,3% para el sistema previsional. No es menor en un contexto de intento de reducir el déficit fiscal por que tiene un alcance de 16 millones de personas, dentro de las cuales solo en jubilaciones abarcaría a 7,3 millones de jubilados y pensionados.
Es importante recordar que este aumento en la movilidad es propio de la nueva fórmula que este Gobierno modificó en el 2020 (los aumentos de los haberes jubilatorios se determinan por dos variables: Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables – RIPTE y por el índice de salarios de INDEC).
Puntualmente, la jubilación mínima pasará de $37.524 a $43.352 con la nueva fórmula a partir de septiembre. A su vez, se agregará un bono extra de $7.000 quedando así en 50.352 pesos.
La ley de la movilidad jubilatoria se encuentra generando problemas en su implementación, ya que por sí misma no permite proteger al jubilado de la inflación. De esta manera, los refuerzos como los bonos son necesarios para que el aumento mejore en términos reales.
Si evaluamos la movilidad jubilatoria desde diciembre del 2017 hasta el 2020, veremos que en la gestión pasada la movilidad se basaba en un 70% en el IPC del INDEC y un 30% por la variación salarial del RIPTE.
Esa fórmula perdió contra la inflación debido al desfase de tres meses al aplicar la actualización de la inflación. Por ejemplo, mientras la inflación aumentaba en junio 2018 en 11,34%, las jubilaciones lo hacían en un 5,7 por ciento.
A fines del 2020, mediante la Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva en el marco de la emergencia publica, se suspendió la movilidad jubilatoria del 2017 para dar paso a la fórmula del actual Gobierno, compuesta por dos variables: la variación interanual de la recaudación de impuestos para la seguridad social y la evolución trimestral de los salarios (RIPTE).
De cada una se calcula el 50% y los resultados se suman para finalmente saber el aumento de la movilidad. El resultado es que durante la actual gestión la inflación superó siempre a los haberes jubilatorios. A partir del último dato de inflación para julio de un 7,4%, se tomó la decisión de reforzar con un bono extra que durará tan solo tres meses lo cual permitiría pasar de una variación del 15% a una del 34,2% para que intente compensar la inflación pasada, pero con el riesgo de estar a pérdida sobre la variación de precios futuro.
En términos reales, si ajustáramos los valores de la jubilación mínima veremos que hoy si bien es cierto que la jubilación con el bono equivale a $50.352, el verdadero valor en términos reales que puede hacer que el jubilado no pierda su poder adquisitivo debería ser de 67.688 pesos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en los últimos 56 meses los jubilados que cobran la mínima perdieron 8,4 jubilaciones sino se hubiesen incluido los bonos compensatorios y 6,7 jubilaciones si se computan estos, lo cual quiere decir que un sistema previsional que se encuentra desfasado en termino reales debido a cuestiones inflacionarias. Siempre necesitará bonos de refuerzo mensuales para que los jubilados no pierdan su capacidad adquisitiva.
Para entender con más claridad la relación entre la pérdida de poder adquisitivo y la composición de la jubilación, tomemos el caso en donde un jubilado pertenece a una familia tipo 2 con una canasta básica alimentaria que no incluye alquileres (49.968 pesos).
Si solo dependieran de este ingreso, esta familia no estaría debajo de la línea de indigencia. Ahora, si vemos la canasta básica total e incluimos el alquiler ($119.651), una jubilación mínima sería insuficiente. Si lo pensamos desde el caso de dos jubilaciones mínimas de $100.704 y solo teniendo en cuenta la CBT sin alquiler ($111.928) nuevamente no alcanzarían a cubrir la línea de pobreza y menos aún cubrir servicios básicos como medicación, ocio o esparcimiento.
A su vez, en términos comparativos de los productos de la canasta básica alimentaria, podemos ver que con una jubilación mínima en el 2017 se podía comprar 131 botellas de aceite y ahora solo 103, generando así una pérdida de 20,8% en tan solo 6 años.
Con el correr de los gobiernos, hasta el momento todas las reformas del sistema previsional tanto desde el ajuste por IPC, RIPTE, recaudación previsional mediante el uso de impuestos exclusivamente para la seguridad social, no estaría funcionando en el tiempo cuando el rally inflacionario está por delante siempre. Es decir, con un ajuste trimestral el primer mes funciona solo si hay un bono de refuerzo, pero el ascenso inflacionario de los próximos dos meses genera que el valor del bono se licue haciendo que el ingreso jubilatorio nuevamente pierda en valores reales, para caer bajo la línea de pobreza.
El problema no es sólo la formula jubilatoria sino el acceso a la jubilación a partir de un Estado deficitario que generó las condiciones para que el 53% de los jubilados actuales ingresen a cobrar una jubilación por moratoria previsional.
Es decir, un Estado sin recursos y deficitario prometió otorgar la jubilación sin generar un método de financiamiento sólido del sistema previsional presente y futuro. Por lo contrario, el sistema se financia en una parte con el aporte de trabajadores y empleadores que en los últimos 10 años creo menos trabajadores asalariados privados y menos empleadores respecto del año 2012.
A su vez, al tener menos pymes por cantidad de habitantes tenemos menos impuestos que contribuyen a fortalecer el sistema y menos empleados. Mientras en 2011 había 2,1 trabajadores activos por cada jubilado hoy hay 1,5 trabajadores activos por cada jubilado. A su vez, los últimos gobiernos financiaron su déficit fiscal con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES del cual dependen las jubilaciones presentes y futuras.
La fórmula nunca cerrará por que la ecuación estuvo mal hecha a propósito pensando en potenciales votantes y no en los jubilados aportantes al sistema durante décadas.