El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que estará disponible el teléfono 134 para recibir denuncias sobre intermediarios que amenacen a los beneficiarios de planes sociales. Antes de la primera protesta masiva de la izquierda para rechazar el ajuste y el protocolo antipiquetes del gobierno de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que estará disponible la línea telefónica 134 para recibir denuncias sobre punteros políticos que amenacen a beneficiarios de planes sociales con dejar de entregarles el dinero si no participan de la marcha.
“El número 134 permite denunciar telefónicamente a las personas u organizaciones que amenacen a quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo y todo tipo de asignaciones y planes sociales con la pérdida de los beneficios si no se suman a esta marcha prevista para el día 20 y cualquiera que se organice de ahora en adelante”, indicaron.
“Tal cual comunicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Estado garantiza estos aportes de manera independiente de cualquier organización piquetera. Se desafectaron los certificados de asistencia a las tareas cooperativas, hasta ahora el instrumento de la extorsión, para acceder a los cobros”, agregaron desde el Gobierno en un comunicado.
La primera movilización contra Milei será este miércoles, a 22 años del 20 de diciembre de 2021, cuando bajo la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, miles de argentinos marcharon contra el Estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y la imposición del corralito, que impidió acceder a los depósitos bancarios. Terminó con la caída del gobierno radical y 38 muertos.
“En el aniversario del 2001, nos movilizamos de manera unitaria por el derecho democrático que tenemos de hacerlo, para denunciar todo el paquetazo de medidas de ajuste que viene a implementar este gobierno y que ya profundiza el ajuste que veníamos sufriendo”, dijo Celeste Fierro, legisladora porteña del FIT.
Adorni ratificó asimismo que la intención para mañana es impedir los cortes de calles, bajo la amenaza de que retirarán los planes a quienes participen de la protesta, tanto si son detenidos por la Policía como si son identificados a través de otros métodos. “El que no corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente”, dijo la funcionaria en un mensaje grabado. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra”, indicó.
Adorni habló de un “cambio de paradigma en cuanto a toda la política de asistencia social que, además de aumentar los montos para combatir la inflación, no dependerá de ninguna organización que, pese a lo que declaman, sólo proponen pobreza y sometimiento”.
“Se pide tranquilidad a los beneficiarios, que permanezcan en sus hogares y en sus tareas, sin caer en la trampa de los que los amenazan y los usan en su propio beneficio. Denuncien al 134, de forma anónima, cualquier tipo de presiones para formar parte de protestas. De esta manera, se pondrá fin a esta nueva forma de esclavitud”, sostuvo el vocero presidencial.
Organizaciones de izquierda pidieron que la Justicia suspenda el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) reclamó este lunes a la Justicia una medida cautelar que suspendiera la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad Patricia Bullrich tras plantear su inconstitucionalidad.
En la presentación, el MST solicitó una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
Entre los fundamentos, mencionaron que la iniciativa “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
La denuncia de la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada del, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini. La magistrada se declaró incompetente y giró el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Las claves del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich
Bullrich anunció en conferencia de prensa que “las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”, y explicó que las manifestaciones podrán realizarse en veredas, no en la calle.
Habrá “severas multas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación” en la calle, que alcanzarán “al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.
La ministra de Seguridad anticipó que “se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación” y que “los costos vinculados a los operativos se les enviará la factura a las organizaciones, el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos responsables”.
Adelantó que “se va a trabajar en las estaciones de trenes para identificar a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, o sean caras tapadas o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocido por las fuerzas de seguridad”.
Explicó que llamará a su par bonaerense “para que colabore en el control de las autopistas, en los vehículos y en las entradas y en las estaciones de trenes”, y advirtió: “Si ellos no actúan, lo haremos nosotros. Creemos que el país entero tiene que colaborar. Hay que entender que todos tenemos que vivir en paz y en orden”.
“El número 134 permite denunciar telefónicamente a las personas u organizaciones que amenacen a quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo y todo tipo de asignaciones y planes sociales con la pérdida de los beneficios si no se suman a esta marcha prevista para el día 20 y cualquiera que se organice de ahora en adelante”, indicaron.
“Tal cual comunicó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Estado garantiza estos aportes de manera independiente de cualquier organización piquetera. Se desafectaron los certificados de asistencia a las tareas cooperativas, hasta ahora el instrumento de la extorsión, para acceder a los cobros”, agregaron desde el Gobierno en un comunicado.
La primera movilización contra Milei será este miércoles, a 22 años del 20 de diciembre de 2021, cuando bajo la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, miles de argentinos marcharon contra el Estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y la imposición del corralito, que impidió acceder a los depósitos bancarios. Terminó con la caída del gobierno radical y 38 muertos.
“En el aniversario del 2001, nos movilizamos de manera unitaria por el derecho democrático que tenemos de hacerlo, para denunciar todo el paquetazo de medidas de ajuste que viene a implementar este gobierno y que ya profundiza el ajuste que veníamos sufriendo”, dijo Celeste Fierro, legisladora porteña del FIT.
Adorni ratificó asimismo que la intención para mañana es impedir los cortes de calles, bajo la amenaza de que retirarán los planes a quienes participen de la protesta, tanto si son detenidos por la Policía como si son identificados a través de otros métodos. “El que no corta no cobra”, advirtió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente”, dijo la funcionaria en un mensaje grabado. “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra”, indicó.
Adorni habló de un “cambio de paradigma en cuanto a toda la política de asistencia social que, además de aumentar los montos para combatir la inflación, no dependerá de ninguna organización que, pese a lo que declaman, sólo proponen pobreza y sometimiento”.
“Se pide tranquilidad a los beneficiarios, que permanezcan en sus hogares y en sus tareas, sin caer en la trampa de los que los amenazan y los usan en su propio beneficio. Denuncien al 134, de forma anónima, cualquier tipo de presiones para formar parte de protestas. De esta manera, se pondrá fin a esta nueva forma de esclavitud”, sostuvo el vocero presidencial.
Organizaciones de izquierda pidieron que la Justicia suspenda el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) reclamó este lunes a la Justicia una medida cautelar que suspendiera la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de seguridad Patricia Bullrich tras plantear su inconstitucionalidad.
En la presentación, el MST solicitó una “acción declarativa de inconstitucionalidad (...) del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” anunciado por Bullrich porque, según argumentaron, “lesiona derechos y garantías de carácter constitucional”.
Entre los fundamentos, mencionaron que la iniciativa “amenaza derechos políticos y penaliza la ocupación del espacio público en toda forma de manifestación pacífica, limitando así los derechos constitucionales de reunión, de peticionar a las autoridades y la libertad de expresión”.
La denuncia de la diputada porteña Celeste Fierro y la abogada apoderada del, Mariana Chiacchio, recayó en el juzgado federal de María Servini. La magistrada se declaró incompetente y giró el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal.
Las claves del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich
Bullrich anunció en conferencia de prensa que “las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”, y explicó que las manifestaciones podrán realizarse en veredas, no en la calle.
Habrá “severas multas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación” en la calle, que alcanzarán “al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”.
La ministra de Seguridad anticipó que “se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación” y que “los costos vinculados a los operativos se les enviará la factura a las organizaciones, el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos responsables”.
Adelantó que “se va a trabajar en las estaciones de trenes para identificar a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, o sean caras tapadas o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocido por las fuerzas de seguridad”.
Explicó que llamará a su par bonaerense “para que colabore en el control de las autopistas, en los vehículos y en las entradas y en las estaciones de trenes”, y advirtió: “Si ellos no actúan, lo haremos nosotros. Creemos que el país entero tiene que colaborar. Hay que entender que todos tenemos que vivir en paz y en orden”.
