El ajuste cambiario impactó en el nivel de inflación de diciembre y también impactaría el que se proyecta para enero. Pero en la medida que avancen las medidas fiscales toma cuerpo la posibilidad de abandonar las restricciones cambiarias, con una brecha ya por debajo del 20 por ciento

El Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 360 artículos que firmó Javier Milei generó grandes controversias, pero de ninguna manera se trata de una iniciativa imprescindible para el nuevo Gobierno. Existe una probabilidad no menor de que sea el Congreso el que ponga el freno (algo que sería inédito para un DNU) o que lo haga la Justicia. Y es muy posible que, en caso de suceder, no se produzcan mayores impactos para la nueva gestión. Tampoco habría que esperar un retroceso de las acciones o los bonos argentinos, al menos de una magnitud significativa.

Los cambios incluidos allí pueden ser considerados en su mayor parte de “segunda generación”. Se trata de las reformas estructurales tantas veces exigidas por el FMI pero siempre postergadas.

En los próximos días llegarán al Congreso varios proyectos de ley que serán más relevantes que el DNU. Los más destacados pasan por el “Capítulo fiscal”: regreso del impuesto a las Ganancias, blanqueo y moratoria impositiva y previsional, además de cambios en Bienes Personales.

Aunque se diga lo contrario, a Milei no se le va la vida si los clubes de fútbol no se transforman pronto en sociedades anónimas, si el período de prueba laboral sigue siendo por ahora de tres meses o se extiende a ocho o si una cadena de farmacias puede competir en la provincia de Buenos Aires. Tampoco si continúa o no vigente la ley de Abastecimiento o el Observatorio de Precios, que de todas formas no tiene pensado utilizar.

Urgencias reales

Las reales urgencias pasan en realidad por mostrar rápidos resultados en el frente fiscal y al mismo tiempo ir normalizando el frente financiero y cambiario. En realidad, ambas cuestiones van de la mano. Es imposible pensar en liberar las restricciones cambiarias si no hay certezas de un fuerte ajuste de las cuentas públicas.

El “corazón” del programa de emergencia que puso en marca el tándem que el presidente formó con el ministro de Economía, Luis Caputo, es el fuerte salto del dólar oficial. El ajuste cambiario de 120% es una parte fundamental del sinceramiento de las variables económicas y al mismo tiempo un acontecimiento inédito desde que existen los controles cambiarios.

El dólar arriba de los $800 es prácticamente equivalente a los niveles observados en 2002, cuando el tipo de cambio saltó de 1 a cerca de $4, para estabilizarse luego en zona de $ 3,80 a lo largo de ese año. De hecho, cuando en mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner, el precio del dólar había retrocedido a poco más de 2,80 pesos.

Aquel dólar “recontra alto” de 2002 y los primeros años del kirchnerismo aumentó fuertemente la competitividad y le permitió al gobierno de Eduardo Duhalde apropiarse de una parte de esa renta extraordinaria a través de las retenciones a las exportaciones. El gobierno de Kirchner se benefició de esas esas condiciones, con niveles inéditos de superávit gemelos, es decir comercial y fiscal.

La salida ideada por Caputo es prácticamente idéntica, salvando las distancias por el tiempo transcurrido y por herencias diferentes. Desde aquellos años los exportadores no tenían un tipo de cambio tan atractivo para venderle al mundo. Y para agregar incentivos, Milei ordenó que se liberen las trabas para que cualquier producto se pueda vender al mundo.

Esto le permite a Economía apropiarse de una porción de esa renta a través de las retenciones. A eso le agregó el impuesto PAIS a los importadores, que actúa como una barrera para la competencia de productos importados. Incluso no tardarán en aparecer las denuncias por considerarse este tipo de tributos como barreras paraarancelerias, que combate la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Semejante aumento del tipo de cambio oficial permitió al actual gobierno bajar drásticamente la brecha cambiaria, que pasó casi de la noche a la mañana de más de 150% a menos del 20 por ahora. Pero al mismo tiempo se puso en marcha una ingeniería para llegar rápidamente a uno de los objetivos principales de esta etapa: la liberación de los controles cambiarios y ponerle fin al cepo.

Plan licuadora

La licuación de los pasivos monetarios es uno de los aspectos clave. Con un tipo de cambio muy alto es mucho más fácil bajar la tasa de interés en pesos, porque se reducen los temores a una devaluación. El “plan licuadora” provoca que los pasivos del Banco Central (Leliq y pases) se vayan apagando. Por supuesto que los damnificados son los ahorristas y los propios bancos, que se quedan sin alternativa para defenderse ante la suba de la inflación.

El bono en dólares que lanzó el Central para darle una salida a los importadores por las deudas acumuladas con proveedores del exterior va en el mismo camino. Lo que busca este instrumento es en definitiva ofrecerle a las empresas una opción para aplicar pesos a un activo dolarizado, pero sin la necesidad de vender divisas al contado. Es decir el objetivo es reducir la presión cambiaria.

Al mismo tiempo, el Central comenzó a recuperar reservas de la mano de mayores liquidaciones de los exportadores. Claro que las importaciones siguen muy frenadas y llevaría al menos cuatro meses ir hacia una normalización total. Mientras tanto, los que quieran comprar en el exterior deberán pagar en cuatro cómodas cuotas, algo que muchos vendedores posiblemente no aceptarán.

Para los próximos meses se espera que continúe la liquidación agrícola (en particular del trigo), mientras se espera que empiecen a entrar los dólares de la cosecha gruesa, que dejaría totalmente atrás la sequía que tanto afectó este año.

El Banco Central había dejado trascender que estaban en marcha negociaciones con bancos del exterior para recibir algún préstamo excepcional, de alrededor de USD 3.000 millones. Pero por ahora no hubo mayores novedades. Tampoco se logró destrabar un nuevo tramo del swap con China. Y con el FMI lo máximo a lo que se aspira es que haya desembolsos para poder repagar los vencimientos con el próximo organismo en el primer semestre de 2024: unos USD 4.500 millones.

El Gobierno aprovechó el aumento de la demanda de pesos de fin de año y que se prolonga en enero para adormecer los dólares financieros, que ya el viernes caían por debajo de los 950 pesos. El gran desafío llegará en febrero, cuando ocurre el proceso inverso y tanto empresas como hogares demandan menos pesos.

Hay que pasar febrero

Superar la barrera de febrero exitosamente requerirá que el plan de ajuste fiscal sea creíble, al tiempo que avanzan las medidas para dejar atrás el excedente monetario.

Si esto sucede, no sería extraño que ya en marzo o abril se avance de manera decidida para salir del cepo. Quedarían solo algunas restricciones puntuales, como impedir que las empresas giren dividendos retenidos de manera abrupta. Tampoco eso se liberó de entrada durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pero el gran salto cambiario, que acelera la salida del cepo y el ajuste fiscal, no es gratuito. Semejante ajuste está mostrando un fuerte impacto inflacionario, que incluso va más allá del “massazo”, es decir el sinceramiento producto de la olla a presión que dejó Sergio Massa.

El índice se esperaba en alrededor de 20% para diciembre y terminaría finalmente más cerca del 30 por ciento. Parte de semejante incremento está explicado por una devaluación que estuvo por encima de la mayoría de las expectativas. También enero se sentirá el impacto y podría ubicarse en niveles de 25 por ciento.

La determinación es que el “mal trago” descripto por Milei en su discurso de asunción presidencial llegue todo junto y lo antes posible. Se trata de pagar los costos del sinceramiento de una sola vez y luego empezar a ver los frutos del esfuerzo. Pero habrá que atravesar un verano duro, con fuertes caídas del salario real, protestas y la paciencia de la sociedad que una vez más será puesta a prueba.