Solicitaron una medida cautelar ante la posibilidad de que el gobierno nacional lo traslade del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo y advirtieron que se vulneraría el destino patrimonial fijado por ley.
Los herederos del sable corvo que perteneció al general José de San Martín solicitaron a la Justicia que se prohíba su traslado del Museo Histórico Nacional, ante la posibilidad de que el gobierno nacional impulse su envío a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicada en el barrio porteño de Palermo.
Mercedes Terrero, María Rosa Terrero, Sebastián Terrero, Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero presentaron una acción ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal para que se dicte una medida cautelar que impida el traslado de la histórica pieza, donada al Estado argentino a fines del siglo XIX.
En la presentación judicial, realizada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, los descendientes advirtieron que la administración nacional busca desplazar el sable del museo a partir de manifestaciones públicas del presidente Javier Milei y de otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Según señalaron, el objetivo sería trasladarlo al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, lo que consideraron un uso indebido de un bien de valor histórico y patrimonial.
Subrayaron además que el Regimiento de Granaderos ya cuenta con una réplica del sable corvo, por lo que el traslado de la pieza original resultaría innecesario e irrazonable. En ese sentido, recordaron que existen antecedentes que desaconsejan que la institución sea la encargada de su custodia.
Asimismo, indicaron que la iniciativa oficial incluiría la exhibición del sable durante un acto previsto para el próximo 7 de febrero. Según detallaron, el traslado se habría pensado sin dar intervención previa ni al museo ni a la comisión correspondiente, y contemplaría incluso su transporte en helicóptero.
Los demandantes sostuvieron que las declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo evidencian una posible vulneración del decreto del 3 de marzo de 1897, mediante el cual el Estado nacional aceptó la donación del sable corvo bajo un destino específico. A su entender, esa normativa incorporó la pieza al patrimonio público con una finalidad cultural, histórica y museística que no puede ser alterada.
