Un grupo de trabajadores logró frenar el avance de las topadoras. El Juzgado Federal estableció la presentación de un relevamiento social y geográfico antes de ordenar la intervención de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades provinciales y nacionales intentaron desalojar el predio del Gaucho Gil en Mercedes, pero los puesteros se opusieron. El Juzgado Federal de Paso de los Libres estableció una serie de medidas antes de avanzar con las fuerzas de seguridad.
Desde hace dos semanas la Justicia ordenó que un grupo de 19 trabajadores que se apostan al costado de la ruta, se corran para iniciar las obras de urbanización del predio. Sin embargo, éstos se niegan y señalaron que lo harán después del 8 de enero.
El operativo inició en la Ruta nacional N° 123 ayer por la mañana con máquinas topadoras de Vialidad Nacional y Provincial pero el grupo de puesteros logró frenar las actividades parándose frente a ellas, según confirmó a El Litoral, Martín Villalba, abogado del otro grupo que ya está ubicado en las carpas hace algunas semanas.
Además, según expresó el letrado, los trabajadores que tienen puestos al costado de la ruta y se oponen al avance estarían coordinados por una mujer que tiene su negocio en el lugar, llamada Ramona Villalba. Ella era la encargada de la anterior administración del predio y es investigada por la Justicia en la causa del doble crimen del 6 de agosto.
En ese marco, el Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Intervención de la Asociación Civil de Devotos que remitan un informe sobre el estado actual de ejecución del convenio de conciliación firmado en el mes de agosto en Paso de los Libres. También sobre el funcionamiento del Centro Comercial provisorio y la desinstalación y reubicación de puesteros.
Además, estableció que el Escuadrón de Paso de los Libres deberá de forma “conjunta y coordinada” con la Unidad de Reunión de Información de Corrientes, realizar un relevamiento social y geográfico del asentamiento.
Este último pedido sería un análisis previo al “desalojo con el uso de la fuerza federal”, así lo confirmó el documento firmado por el juez Gustavo Fresneda.
Cabe recordar que los inconvenientes se dieron tras el doble crimen que conmocionó a Corrientes, cuando, de acuerdo con la investigación, un grupo de personas vinculadas con la anterior administradora del santuario, irrumpió en terrenos donde se domicilia la familia Canteros con el fin de tomar posesión de un predio pretendido como lugar de instalación de puestos de venta, ubicado frente al santuario.